La cortina de humo blanco extendida por estos días, hace su función de sedar y paliar la palmaria realidad de hechos recientemente acaecidos en el país: por un lado, el cartel de las altas cortes (de la injusticia) que vende exoneraciones y absoluciones tanto a corruptos como a parapolíticos, por otro, la falaz acrobacia de los políticos verdugos de pretender disimular su veneno tras las firmas ciudadanas y, por último, la reforma constitucional que busca prohibir la promoción por parte del Estado de grupos armados ilegales como autodefensas y paramilitares.
En cuanto al tema de las candidaturas por firmas, por el momento hay 28 candidatos que buscan por esta vía validar su aspiración presidencial, lista que se completó con la inscripción del Comité Promotor “Mejor Vargas Lleras” -¿mejor para qué?-, yo diría que mejor para nada, pues a nadie le cabe en el entendimiento que la candidatura de alguien que encarna el statu quo de la corrupción institucional, con cero calado popular y nulo carisma del más mínimo sentido humano, sea precisamente una propuesta nacida de la ciudadanía; cabría preguntarse si Vargas Lleras va “más allá de los partidos” o de su propio cinismo acomodaticio, además porque su campaña de firmas cuenta con el apoyo de Cambio Radical, la maquinaria de su propiedad. Junto a él, Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Juan Carlos Pinzón, Sergio Fajardo, Clara López y Alejandro Ordóñez, pretenden usurpar una figura de participación político electoral diseñada principalmente para los verdaderos grupos de ciudadanos independientes. O tal vez, la intención de fondo de esta figura, sea la de servir de cortina de humo a favor de la caterva política nacional, para que sorteen con facilidad y a su antojo, el mayor momento de desprestigio que enfrentan.
Ahora, respecto a la polémica desatada por el Acto Legislativo 04 de 2017, cuya intención es elevar a rango constitucional la prohibición del paramilitarismo, considero que el exámen debe centrarse más allá de lo que estiman los analistas, cuyas controversias se resumen así: quienes están en desacuerdo apuntan que no es necesario prohibir lo que está prohibido en sí mismo, y quienes apoyan el hecho, plantean que es necesario reiterar de manera expresa tal prohibición. Ambas posiciones, acompañadas de las implicaciones jurídicas que cada bando esgrime.
Debemos ir más allá y reflexionar de fondo sobre el hecho cuando se emplea la figurativa expresión “el Estado ha sido condenado”, pero lo etéreo del concepto, no da cuenta de la responsabilidad concreta sobre quienes han fungido como jefes de Estado y jefes de Gobierno, los que en últimas han sido los autores materiales de implementar un modelo criminal de gobernar -que ha inculpado al Estado que en definitiva somos todos-, modelo representado en las políticas genocidas del intervencionismo internacional (el autor intelectual) acogidas por presidentes con nombres propios y por sus respectivos gobiernos. En otras palabras, los presidentes responsables de los gobiernos del Estado, al contrario de ser judicializados y condenados de manera objetiva, pasan a reposar cándida y admirablemente a los libros de historia que de forma amañada y de soslayo, enseñan en las cátedras colegiales.
De lo anterior, tenemos el ejemplo de expresidentes como Laureano Gómez, cuyo fascismo chulavita regó de muerte y de desarraigo los campos de la Colombia de los años 50, pero los libros nos enseñan a venerarlo como un gran orador y estadista, o el caso de Guillermo León Valencia -irónicamente llamado “el presidente de la paz”- (abuelo de la Senadora de las arengas disonantes), segundo presidente de la dictadura de dos partidos llamada Frente Nacional, otra cortina de humo que solo tuvo de nacional la nacionalización de la exclusión política y social y la barbarie de la violencia, al engendrar dos de sus más abominables efectos: el paramilitarismo y la guerrilla, el primero, introducido oficialmente por el gobierno de Valencia acatando una orden militar del gobierno gringo en febrero de 1962, qué curioso, dos años antes de la existencia de las Farc y el ELN, pero nos han hecho siempre creer, que el fenómeno paramilitar fue resultante de la militancia guerrillera, inseminada esta por la tiranía bolchevique, cuya ideología lleva a cuestas más de 100 millones de muertos en el mundo.
A fin de cuentas, las cortinas de humo se emplean tanto para ocultar como para justificar conspiraciones, como lo que ha ocultado y justificado en la política nacional de los países del mundo reciente, hechos como la primavera Arabe (¿o bancaria?), el autoatentado del 9/11 en Nueva York, el Brexit, la crisis de refugiados en Europa, la llegada de Trump a la presidencia y el humo blanco que esparce por el globo, con palidez y sin pudor, las fórmulas de su falsa doctrina.
Por:
Arturo Velásquez
Consultor Internacional de Organizaciones Sociales.
Investigador.
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