Tal como Eduardo Caballero Calderón evidenció
en su “Obra Siervo Sin Tierra”, la
lucha de Siervo Joya, un campesino pobre, de raza indígena, por obtener un
pedazo de tierra, hoy, por desgracia de la llamada Ley ZIDRES, el Gobierno
Nacional enfatizará el sometimiento de los campesinos colombianos bajo la
dominancia de quienes fungirán como los nuevos terratenientes extranjeros, despojando
así al campesinado más empobrecido del país, del derecho constitucional de
acceder en condición de exclusividad, a las tierras baldías del Estado para
cultivarlas con independencia.
La
Constitución de 1991 y la ley 160 de 1994, estipulan que los baldíos nacionales
rurales deben entregarse a los campesinos y trabajadores rurales sin tierra a
través de la figura de la Unidad Agrícola Familiar (UAF). Sin embargo, el
Presidente de la República sancionó a fines de enero de 2016, la ley que crea las
Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (su sigla ZIDRES). Frente a esto, la famosa Ley
Zidres crea la figura de la concesión o el arrendamiento para la explotación de
las tierras baldías sin límite de extensión y de tiempo a favor de monopolios
internacionales, como por ejemplo, la transnacional Cargill. Por lo que esta
ley plantea el despojo del derecho constitucional que tienen los pobres del
campo, a que se les adjudiquen tierras baldías de propiedad de la Nación para
su explotación y supervivencia.
La ley
propone que el gobierno nacional cree y administre enclaves territoriales en
cualquier parte del territorio nacional, sin intromisión de Alcaldes, Concejos
y autoridades ambientales. Además de los derechos de explotación de las tierras
baldías, dichas tierras podrán ser objeto de compra venta a favor de las
transnacionales del Agro. Aunque admite su decreto reglamentario que no podrán
constituirse Zidres en zonas de Resguardos Indígenas, Consejos Comunitarios, Parques
Naturales, Páramos, humedales, entre otras zonas de interés ambiental. Pese a
esto, Zidres es un nuevo instrumento jurídico que permitirá legalizar las
hectáreas de tierra obtenidas de manera fraudulenta por empresas nacionales y
transnacionales a lo largo y ancho del país.
Este anacrónico modelo agrario, heredado del más rancio
feudalismo del medio evo, tuvo su iniciativa en el gobierno Uribe,
el cual planteó que era necesaria una reforma vía Congreso, para eliminar las UAF
y así poder entregar las tierras baldías en extensiones de 40 mil a 45 mil
hectáreas a grandes empresas extranjeras. Fue su gobierno el que propuso la
figura que hoy contempla la ley Zidres: concesiones y alianzas productivas
entre campesinos pobres y empresas agrícolas extranjeras. Este es el modelo del
negocio agrario que impulsa la gigante internacional Cargill y que en Colombia
es aplicado por medio de Indupalma. Pero es el Gobierno Santos el que acoge
esta figura aceptada y propuesta por el Gobierno Uribe y la convierte en la Ley
Zidres. También se conoce como la Ley Urrutia, en referencia al ex embajador de
Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia, cuya firma de abogados “Brigard & Urrutia”, se vio envuelta en un
proceso de presunta apropiación ilegal de baldíos a favor de Cargill, ya que
según un estudio de la Ong inglesa Oxfam, esta
mega empresa del agro-negocio, superó en 30 veces el máximo permitido por la
ley para un solo propietario.
De no prosperar la demanda de inconstitucionalidad
admitida por la Corte Constitucional, relacionado con el precedente fijado por
la sentencia C- 644 de 2012, la Ley Zidres le
permitirá a la agroindustria transnacional, la acumulación de baldíos en
concesión y a perpetuidad, que hoy son del campesinado colombiano, así como la
legalización de acumulaciones ilegales anteriores. Esto, en un contexto global,
las Zidres son un eslabón más del modelo globalizador de concesión y
acaparamiento de la tierra conocido como Land
Grabbing.
El panorama colombiano es preocupantemente insólito: un
premio Nobel de Paz que firma la Paz, mientras disminuye los impuestos a las
mega empresas y se los aumenta a los ciudadanos, asfixia vía tributaria a la
sociedad civil organizada, aumenta el gasto burocrático pero disminuye la
inversión social, aniquila el aparato
productivo nacional por gracia de los 14 TLC, privatiza afanoso el patrimonio de la Nación, es timorato
contra la corrupción y ahora, deja a Siervo, sin tierra.
Por:
Arturo Velásquez
Consultor de Organizacional
Investigador
Director Alianza SER
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