20 de abril de 2017

EL BOGOTAZO DE LA CÍA




El año 1948 -tres años después de la II Guerra Mundial-, representó para el mundo contemporáneo, una serie de sucesos que determinaron el soterrado e insospechado rumbo por el que es conducida la humanidad: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Plan Marshall a favor de la Europa de la posguerra, la creación de la OEA, la constitución de la Organización Mundial de la Salud, el asesinato de Gandhi, la fundación del Estado de Israel, el bloqueo de Berlín y el consecuente inicio de la Guerra Fría y, los primeros pasos para las actuales OTAN y la Unión Europea.

En ese año de inusitado movimiento geopolítico, también tuvo ocurrencia uno de los hechos más inesperadamente urdido por los intereses globales y globalizadores: el magnicidio del líder colombiano Jorge Eliécer Gaitán Ayala, acaecido un 9 de abril; asesinato metódicamente planeado para que a su vez fuera el detonante marco de la primera acción de la guerra psicológica de la Cía contra América Latina: el Bogotazo. Así fue, Colombia y la Bogotá de los años 40, sirvieron de escenario para el estreno a nivel occidental de la Cía en la guerra fría. Lo que ratifica el periodista y escritor Servando González en un reciente libro suyo de 2012: “el Bogotazo fue el suceso que inició en el hemisferio occidental, una operación de guerra psicológica de enormes proporciones: la llamada Guerra Fría”.  

El 9 de abril de 1948 fue un día aciago para Colombia, con el crimen de Gaitán se asesinó la posibilidad de construir de una vez por todas un proyecto de nación auténtico, orientado por el hilo de nuestra propia historia, de nuestro propio horizonte y con nuestra propia gente. Gaitán proponía un modelo de Nación apropiado para el País y consecuentemente adverso a los intereses del poder internacional, que sintetiza su esquema dominante en el llamado Nuevo Orden Mundial (NOM); ese poder subrepticio de presencia global que rige los hilos del mundo: divide y constituye países (Panamá, el Medio Oriente, los Balcanes; los ejemplos cunden), decide presidentes, define modelos económicos, recorta libertades, genera guerras, conflictos y atentados de falsas banderas, crea pandemias y posiciona sus falacias en la mente de los pueblos por sus medios masivos de desinformación. Este mega monstruo se sintió gravemente amenazado por un hombre lúcido, auténtico, poseedor de una clarividencia propia de los hombres virtuosos, dueño de una fuerza interior que le permitió irrumpir con vehemencia en el decurso de los hechos, para insertar a un pueblo invisible en la historia y convencerlo de la grandeza de su alma. Su calado en el corazón de la gente, desmoronó los postulados de la psicología de masas y desafió para siempre la sociología moderna. Lo suyo fue mucho más allá, y la marcha del silencio reveló la indisoluble sincronía entre el caudillo y sus seguidores. Con Gaitán al frente, el pueblo colombiano no era una masa dócil para el Nuevo Orden y, por supuesto, este no hubiera tenido la oportunidad de controlar el país y sus recursos estratégicos.

La nacionalización de la banca, la estatización de los servicios públicos y una reforma agraria estructural y profunda, fueron tres de las propuestas fundamentales del gaitanismo que llegarían a la presidencia; esto constituía un palo en la rueda para los intereses de la política global, por ello desataron sobre Colombia todo un entramado internacional impensable, calculado de tal manera que pareciera imposible, y es así como las dos facciones hermanadas siempre a la sombra: la izquierda y al derecha, fraguaron el Bogotazo. La Cía, siguiendo órdenes de la CFR, reclutó a Fidel Castro a comienzos de 1948 y lo envió a Colombia como agente instigador para participar en el Bogotazo y en el asesinato de Gaitán. El mejor homenaje para reivindicar la memoria de un verdadero Gran Colombiano, es develar la terrible impostura que los hermanos secretos de la izquierda y la derecha, tejieron para asesinar la conciencia de un pueblo. Esta ha sido su estratagema desde siempre, y la humanidad inocente, tragose irreflexivamente el anzuelo.


Por:
Arturo Velásquez
Consultor Internacional de Organizaciones Sociales.
Investigador.

4 de abril de 2017

¿A quién odebrecht-cen los corruptos?




Mientras que desde el 2009 Holanda (sin pretender afirmar que sea un país perfecto) ha cerrado 19 cárceles por falta de delincuentes a quienes encerrar, lo que la ha llevado a tener más guardias que presos y a tener que alquilar las pocas que permanecen abiertas a las naciones vecinas, países como Colombia son la antípoda de tan singularísima situación.

Cada vez que nos adentramos en auscultar cuál es la raíz de los males del Estado colombiano, todos los caminos, reiterativamente, nos conducen y señalan de manera claramente imperativa, una sola y misma causa: la dirigencia política nacional; cual pérfida y ladina enfermedad que se enquistó en nuestro país desde el momento mismo en que empezamos a organizarnos como república y cuyo catalizador exponencial, ha sido siempre la deletéreamente famosa corrupción administrativa, la que fue institucionalizada de manera juiciosa desde el gobierno elato y timador de Santander. Este liante personaje se grangeaba coimas a costillas de las necesidades de la campaña libertadora y de los empréstitos con Inglaterra, lo que constituyó el génesis de la deuda externa, que al día de hoy ya superó el 40% del producto interno bruto (PIB) del país y su monto se tasa en 116.167 millones de dólares.  

La historia no ha cambiado, el actual panorama político nacional nos demuestra vehementemente que nuestros espurios gobernantes siguen odebrecht-ciendo a sus mezquinos intereses personales de ambiciones y egos insaciables. El pico del escandaloso insuceso con la gigante sobornadora transnacional Odebrecht, no solo pasa por los 11 millones de dólares que le pagó en sobornos a muchos funcionarios de nuestros indignos gobiernos, ni por el empañado préstamo consideradamente blando que le hiciera el Banco Agrario con nuestros impuestos y con todo el beneplácito de su junta directiva, en la que tiene presencia el super ministro cuyo nombre no se sustrae de los más graves casos de corrupción de los últimos 19 años (Dragacol, Reficar, Isagen y contando…), ni que aparte de la negligencia por no haber terminado el primer tramo de la llamada ruta del sol, iniciada en 2009 y que no va ni por la mitad, frente a lo cual la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la sancionó con multas por incumplimiento, resultó que la constructora brasileña respondió con una demanda a la Nación por 700 mil millones de pesos, esgrimiendo que el retraso en dicha obra, es responsabilidad de la Nación por la no adquisición de predios para trazar las carreteras y porque tampoco ha tramitado las correspondientes licencias ambientales, sino que a todo esto se le suma el hecho de haber sido salpicadas las dos campañas presidenciales que llegaron hasta la segunda vuelta de las últimas elecciones y que representan a dos fuerzas políticas del mismo origen y pelambre, enfrentadas hoy no por la discordia devenida del modelo de Estado que conciben (ya que es exactamente el mismo) y sí por las discrepancias en la configuración de la mermelada.     

Así, mientras Trump propone un muro anti-inmigrantes, Colombia padece secularmente el muro de la corrupción, erguido como infranqueable barrera que le ha impedido a un pueblo de origen humilde, campesino y comunitario, ser incluido en un proyecto de nación mínimamente humano, que le garantice el goce de sus derechos o por lo menos lo básico, pues los colombianos, para dar un ejemplo, ya nisiquiera tenemos derecho a la salud, sino la obligación de no enfermarnos. La República de Colombia es un Estado fallido, que lo único que garantiza es la obligación para sus ciudadanos de pagar con sus míseros ingresos, impuestos cada vez más altos y más necesarios -por supuesto-, para financiar la corrupción, los derrochadores gastos burocráticos, las grandes evasiones y cómo no, mantener a los grandes delincuentes y aprovechadores de la cosa pública, a quienes los mass-media nos muestran como los grandes pro-hombres de la patria.

Si en este país se hiciera justicia, con la sola casta dirigente tradicional y corrompida, Holanda reabriría las 19 cárceles cerradas y, de seguro, habría hacinamiento en ellas. ¿Será que nos saldrá más barato arrendarle sus cárceles al País Bajo por albergar a esta plaga dirigente, que seguir patrocinando su telamón de corrupción con nuestro erario y nuestros votos?. Claro!, siempre que se garantice la utopía endémica de no haber impunidad.   

Por:
Arturo Velásquez
Consultor de Organizacional
Investigador
Director Alianza SER

30 de marzo de 2017

Siervo sin tierra: el modelo feudal gubernamental






Tal como Eduardo Caballero Calderón evidenció en su “Obra Siervo Sin Tierra”, la lucha de Siervo Joya, un campesino pobre, de raza indígena, por obtener un pedazo de tierra, hoy, por desgracia de la llamada Ley ZIDRES, el Gobierno Nacional enfatizará el sometimiento de los campesinos colombianos bajo la dominancia de quienes fungirán como los nuevos terratenientes extranjeros, despojando así al campesinado más empobrecido del país, del derecho constitucional de acceder en condición de exclusividad, a las tierras baldías del Estado para cultivarlas con independencia.

La Constitución de 1991 y la ley 160 de 1994, estipulan que los baldíos nacionales rurales deben entregarse a los campesinos y trabajadores rurales sin tierra a través de la figura de la Unidad Agrícola Familiar (UAF). Sin embargo, el Presidente de la República sancionó a fines de enero de 2016, la ley que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (su sigla ZIDRES). Frente a esto, la famosa Ley Zidres crea la figura de la concesión o el arrendamiento para la explotación de las tierras baldías sin límite de extensión y de tiempo a favor de monopolios internacionales, como por ejemplo, la transnacional Cargill. Por lo que esta ley plantea el despojo del derecho constitucional que tienen los pobres del campo, a que se les adjudiquen tierras baldías de propiedad de la Nación para su explotación y supervivencia.

La ley propone que el gobierno nacional cree y administre enclaves territoriales en cualquier parte del territorio nacional, sin intromisión de Alcaldes, Concejos y autoridades ambientales. Además de los derechos de explotación de las tierras baldías, dichas tierras podrán ser objeto de compra venta a favor de las transnacionales del Agro. Aunque admite su decreto reglamentario que no podrán constituirse Zidres en zonas de Resguardos Indígenas, Consejos Comunitarios, Parques Naturales, Páramos, humedales, entre otras zonas de interés ambiental. Pese a esto, Zidres es un nuevo instrumento jurídico que permitirá legalizar las hectáreas de tierra obtenidas de manera fraudulenta por empresas nacionales y transnacionales a lo largo y ancho del país.

Este anacrónico modelo agrario, heredado del más rancio feudalismo del medio evo, tuvo su iniciativa en el gobierno Uribe, el cual planteó que era necesaria una reforma vía Congreso, para eliminar las UAF y así poder entregar las tierras baldías en extensiones de 40 mil a 45 mil hectáreas a grandes empresas extranjeras. Fue su gobierno el que propuso la figura que hoy contempla la ley Zidres: concesiones y alianzas productivas entre campesinos pobres y empresas agrícolas extranjeras. Este es el modelo del negocio agrario que impulsa la gigante internacional Cargill y que en Colombia es aplicado por medio de Indupalma. Pero es el Gobierno Santos el que acoge esta figura aceptada y propuesta por el Gobierno Uribe y la convierte en la Ley Zidres. También se conoce como la Ley Urrutia, en referencia al ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia, cuya firma de abogados “Brigard & Urrutia”, se vio envuelta en un proceso de presunta apropiación ilegal de baldíos a favor de Cargill, ya que según un estudio de la Ong inglesa Oxfam, esta mega empresa del agro-negocio, superó en 30 veces el máximo permitido por la ley para un solo propietario.

De no prosperar la demanda de inconstitucionalidad admitida por la Corte Constitucional, relacionado con el precedente fijado por la sentencia C- 644 de 2012, la Ley Zidres le permitirá a la agroindustria transnacional, la acumulación de baldíos en concesión y a perpetuidad, que hoy son del campesinado colombiano, así como la legalización de acumulaciones ilegales anteriores. Esto, en un contexto global, las Zidres son un eslabón más del modelo globalizador de concesión y acaparamiento de la tierra conocido como Land Grabbing.

El panorama colombiano es preocupantemente insólito: un premio Nobel de Paz que firma la Paz, mientras disminuye los impuestos a las mega empresas y se los aumenta a los ciudadanos, asfixia vía tributaria a la sociedad civil organizada, aumenta el gasto burocrático pero disminuye la inversión social, aniquila el aparato productivo nacional por gracia de los 14 TLC, privatiza afanoso el patrimonio de la Nación, es timorato contra la corrupción y ahora, deja a Siervo, sin tierra. 

Por:
Arturo Velásquez
Consultor de Organizacional
Investigador
Director Alianza SER