Por:
Arturo Velásquez
Director Alianza SER
Consultor Internacional de Organizaciones
Sociales.
Investigador, Conferencista y Tallerista.
arturojose11@hotmail.com
El término
defenestración tuvo su origen en una práctica propia de la baja Edad Media que
consistía, a grandes rasgos, en el hecho que los miembros del poder instaurado,
arrojaban por la ventana a toda persona o situación que no correspondiera a los
intereses del poder y de esta manera, se deshacían de las contradicciones en
vez de resolverlas. Tal práctica se representó preponderantemente en las
llamadas “Defenestraciones de Praga”, acaecidas en Bohemia en los años 1419,
1483 y 1618.
Ahora bien,
extrapolando el término, la manera como los sucesivos gobiernos nacionales han
regentado el poder en Colombia, nos muestra una inefable defenestración de la
estructura social de la nación; en el gobierno actual, se sigue ratificando la
usanza política que radica en que para el pueblo colombiano, el Estado nunca ha
estado, o solo lo ha estado para llevarlo a la pauperización de su calidad de
vida. Parodiando a un expresidente latino americano, la clase dirigente ha
tornado a Colombia no en un país pobre, si no en un país injusto para la base
social de su población. Luego no puede ser justo un país en el cual el salario
mínimo aumenta $ 45.000, y el de sus congresistas lo hace en $ 2´170.088 (una
desproporción del 98%), donde se gravan los salarios y los elementos básicos de
la canasta familiar, mientras no ocurre lo mismo con los bienes suntuarios de
consumo y se le hacen exenciones al gran capital transnacional. Un país cuyos
gobiernos le quitan la actividad económica a su propia clase empresarial para
entregársela a mega empresas, como por ejemplo, a Impala Terminals, para que acapare el transporte multimodal de
carga y con la ventaja de ser la dueña de puertos tan estratégicos como el de
Barranquilla y el de Barrancabermeja; esto fue el motivo de fondo del paro
camionero.
Quizá la mayor
defenestración de lo social en Colombia radica no solo en el hecho que se
pretenda aniquilar al aparato productivo, si no que a partir de las tesis
esgrimidas por el Gobierno Nacional al asegurar que se debe ampliar la base de los contribuyentes y que el mayor desangre tributario que tiene
Colombia son las fundaciones, el gobierno está justificando una deletérea
reforma tributaria, a la que denominan estructural, que le trasladará al
ciudadano de a pie, a las organizaciones sociales y a las empresas, la
responsabilidad de menguar un hueco fiscal dejado a las finanzas públicas por
causa de la corrupción administrativa, el desmedido gasto burocrático y la
entrega del patrimonio nacional al capital extranjero, sin inmutarse por el
hecho que dicha reforma lanzaría por la ventana directo a su liquidación (en
los próximos tres años), al 96% de las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) que
atienden a la población más vulnerable y excluida de Colombia y de la cual los
gobiernos, se han desentendido por completo.
Según informe revelado por Competitividad Global en 2015, en cuanto a los
impuestos que recaen sobre el empleador, Colombia es el 4° país del mundo con
los impuestos más elevados, lo que significa que los empresarios de las Mipymes
nacionales tributan alrededor de un 75,4 % de los ingresos producidos; mientras
que una persona natural paga un promedio de $14.600 diarios en impuestos. Como
si esto no fuera suficiente, la reforma tributaria propone, entre otras cosas,
lo siguiente: declararán renta quienes devengan más de $1’500.000 mensuales, se
incrementará el IVA del 16% al 19% a las aguas minerales, cobros del sector
financiero, software, computadores, dispositivos móviles, gas natural, biodiesel,
internet para estratos 1,2 y 3 e incluso patentes y franquicias, entre otros.
Los productos como hortalizas, leche, maíz, arroz, queso, huevos, pescado,
carne, camarones, libros y medicamentos, entre otros, serán gravados con un IVA
del 5% y concluye con un 30% de sobretasa a la gasolina. Todo esto será
defendido por el Senador Angel Custodio Cabrera, quien fue el ponente que
eligió el gobierno para presentar el proyecto de ley de la reforma tributaria.
En cuanto a lo
planteado para las ESAL, se evidencia un
profundo desconocimiento por parte del Gobierno y sus agentes sobre la dinámica
del sector y la naturaleza jurídica y operativa de sus organizaciones, pues las
excluyen del Régimen Tributario Especial, les invaden la autonomía que les
otorga el derecho privado y piensan asumirlas como sociedades comerciales, lo
que provocará una antinomia que ahondará la confusión en la ya actual
dispersión normativa que intenta regularlas. No se entiende entonces qué
estructural puede ser una reforma cuando el planteamiento de la misma desconoce
la realidad del Sector Social y no contempla un proceso de depuración de las
ESAL para identificar y diferenciar a aquellas que están realizando un
verdadero trabajo social y filantrópico, de las que se constituyeron para
abusar de su condición y beneficiarse elusivamente del Régimen Tributario
Especial. A tal punto que nisiquiera el mismo Senador Angel Custodio -ponente
de la reforma-, conoce cuantas fundaciones van a ser objeto de la misma, puesto
que confiesa en público: “no, no sé,
digamos cien mil, quinientas mil”. Ahora, no es cierto que las Fundaciones y
demás ESAL estén exentas de impuestos, estas figuras tributan en términos
generales gravámenes como el de Industria y Comercio, el Iva, anticipo del Iva,
las retenciones a que haya lugar según el caso, las estampillas y otras
deducciones cuando contratan con el sector público y gracias al Decreto Ley 019
de 2012 de Santos, pagan anualmente el registro social (RUES) en un monto
relacionado al patrimonio que posean, lo que se constituye en un disfrazado
impuesto adicional al patrimonio.
El Presidente Santos
concluye que si no hay paz, habrá más impuestos. Sin embargo, la reforma
tributaria confirma que busca la paz y también mayores impuestos. Un reciente
estudio del economista Luis Guillermo Vélez Alvarez, demuestra que solo
eliminando gasto burocrático, el país podría ahorrarse 20 billones de pesos y
generar mejores condiciones fiscales, así: suprimir 17 entidades que suplantan
funciones de los ministerios, reducir el 30% del presupuesto de otras 6
entidades, recortar el 17% del presupuesto de los ministerios y el 35% del
presupuesto de 5 entidades creadas para repartir dinero. Con esto, también nos
ahorraríamos los colombianos una reforma tributaria impuesta por organismos
supranacionales como la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, imposición estratégicamente nacionalizada mediante el Artículo
44 de la Ley 1739 de 2014.
Siempre estaré de
acuerdo con ponerle fin a una guerra fratricida originada históricamente en el
nido del poder y sus partidos, pero tal convicción no puede nublar el hecho de
señalar la incoherencia demencial de botar por la ventana de la ignominia, a la
estructura social de un país con el pretexto de financiar la paz, cuando fue
precisamente la inequidad y la exclusión lo que originó el conflicto interno en
el que siempre nos han cambiado intereses económicos, por vidas. Por ello los
colombianos estamos obligados a estar por encima del maniqueísta juego de quienes encienden la división
ideológico-política del país, pues nos dividen entre los Dimas y los Gestas que
han tenido por igual, como marco estructural de sus respectivos gobiernos, la
profundización de una globalización neoliberal que supedita el poder y la
autodeterminación del Estado y, por supuesto, la soberanía de sus habitantes. Y
además, justificado en la careta de un comunismo cuyo único triunfo ha sido
convencernos que no es otro tipo de capitalismo disfrazado: un tentáculo más de
la cabeza de la medusa.
La precaria y
maltrecha situación del país requiere de sus habitantes –de aquellos quienes
quieren a Colombia, no de quienes solo quieren usufructuarse de su poder-, un
estado de consciencia y de organización tal, que redefina la estructura misma
del statu quo instituido, que nos
lleve a un nuevo marco Administrativo que haga ruptura ética y social con el
actual estado de manoseo de la cosa
pública; otra dimensión de organización nacional en la que el pueblo por
fin se vea representado de forma directa por sus propios sectores y sus gremios
organizados a manera de Consejos Sociales sin vínculos políticos, y no por los
deletéreos quistes partidistas que secularmente han dividido y defenestrado en
sangre, el lazo fraterno de un pueblo llamado Colombia.
